El Gobierno no va a responder a las críticas de Chile por el conflicto por un comunicado del Grupo de Puebla
El gobierno argentino no tiene pensado responder a las críticas que realizaron recientemente algunos funcionarios de Chile, en medio de un conflicto que se generó por la postura del Grupo de Puebla, respaldada por el presidente Alberto Fernández, que cuestionó el proceso judicial contra un dirigente de izquierda de ese país.
De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, la administración del Frente de Todos dio por terminado el debate que se inició luego de que el organismo regional emitiera un comunicado en el que se solidarizaron con el ex diputado trasandino Marco Enríquez-Ominami, involucrado en un caso que investiga presuntos hechos de corrupción.
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”, sostuvieron los líderes latinoamericanos que firmaron el texto en apoyo al ex candidato presidencial.
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Además de Alberto Fernández, también suscribieron la carta los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto Samper; de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, entre otros políticos, diplomáticos e intelectuales de diferentes nacionalidades.
“Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, sostuvo el Grupo de Puebla.
Para el organismo, “la dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”, por lo que consideraron que se trata de “otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”.
“Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso”, se agregó.
Este comunicado molestó a las autoridades chilenas y motivó una respuesta que llegó de la mano de su canciller, Antonia Urrejola, quien calificó el jueves de absolutamente “improcedentes” las críticas al sistema judicial su país, aunque aclaró que esto no daña las relaciones bilaterales con la vecina Argentina.
Al igual que ya lo había hecho el ministro de Justicia, Luis Cordero, la funcionaria del gobierno de Gabriel Boric aseguró que esta administración, no solo respeta, “sino que protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público”.
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En este mismo sentido, la Fiscalía chilena, en un escueto comunicado, reafirmó “el carácter profesional y objetivo” bajo el que actúan los fiscales de Chile, quienes, sostuvo, lo hacen con “estricto apego a la constitución y las leyes en un contexto institucional de autonomía e independencia”.
Ominami, líder del Partido Progresista (PRO) y ex candidato presidencial en varias ocasiones, está implicado en un caso de financiación ilegal de la política. La fiscalía acusa a varios políticos de cohecho, soborno y delitos tributarios ligados con la empresa SQM, una minera controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet.
Este es el segundo incidente diplomático entre Chile y Argentina en pocas semanas. Durante la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Argentina se filtró un audio en el que la canciller Urrejola criticó abiertamente y en duros términos al embajador argentino en el país, Rafael Bielsa, por declaraciones que consideraba poco adecuadas.
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