Buscarán limitar el uso de celulares en las escuelas bonaerenses por sus efectos nocivos en los alumnos

0
18
guardapolvo blanco en los colegios
El proyecto para restringir los celulares en las escuelas primarias de la PBA habilita su uso solo para fines educativos (FOTO NA: ROBERTO ACOSTA)

Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por el senador Emanuel González Santalla (Unión por la Patria) intentará reducir el uso de teléfonos celulares en las escuelas bonaerenses, con el objetivo de combatir los efectos negativos que genera el uso excesivo de las pantallas en las infancias. El legislador señaló entre sus argumentos problemas de socialización, auditivos, oculares, de postura, tensión muscular, nerviosismo, angustia y estrés, todo ello con una repercusión directa en la conducta de la infancia y en el proceso de aprendizaje.

La iniciativa, que debe ser debatida en el Poder Legislativo, advirtió sobre la necesidad de “prohibir en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires el uso de dispositivos digitales por parte de alumnos y alumnas de nivel primario durante su permanencia en los establecimientos de educación pública o privada, y para cuando su utilización no sea requerida por personal docente”.

“Creemos necesario empezar a debatir sobre el uso de la tecnología en las infancias, las consecuencias negativas están a la vista y es necesario intervenir para lograr un uso responsable de los dispositivos digitales tanto dentro de la escuela como fuera de ella”, aseguró el senador kirchnerista oriundo de Avellaneda y que ocupa una banca por la Tercera sección electoral.

Senador Emmanuel González Santalla
El senador provincial de UP Emmanuel González Santalla (centro), autor de la iniciativa

En los fundamentos del proyecto se enmarca que la iniciativa replica lo que ya sucede en varios países de Europa, según se desprende del Informe Global de Monitoreo de la Educación (GEM 2023) de la UNESCO mediante el cual se advierte el impacto negativo del uso de estos dispositivos en los rendimientos académicos.

Tal informe se dio a conocer el 26 de julio de 2023. Allí, el área de la ONU encargada de la educación alertaba que, a pesar de las ventajas que las herramientas digitales pueden ofrecer en la educación, también existen riesgos que a menudo son ignorados y que afectan el avance del proceso educativo.

El proyecto presentado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires señala que “estudios realizados con base a los relevamientos de las pruebas Aprender y similares dan cuenta que en Argentina, el 46% de los alumnos de tercer grado del nivel primario no alcanza los niveles mínimos de lectura, de acuerdo al Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)”. Es decir, que uno de cada dos estudiantes termina tercer grado pudiendo comprender lo que lee.

También admite que “los dispositivos digitales tienen el potencial de transformar la educación al ofrecer accesos a recursos educativos, fomentar la colaboración y motivar a los estudiantes”; reconociendo en este aspecto al Programa Conectar Igualdad bonaerense como una política destinada a adolescentes y efectiva en achicar la brecha digital.

Sin embargo, sostiene el proyecto de Santalla, “es importante repeler los efectos negativos” en la utilización de los dispositivos cuando -sobre todo- reemplaza actividades esenciales “del mundo real como vincularse y jugar con sus pares, o conduce a distracciones y falta de atención a una edad temprana en el nivel primario, momento en que las infancias están en plena etapa de formación de hábitos”.

Entre sus argumentos, el legislador bonaerense subraya la necesidad de rever “el derecho a la comprensión, la tolerancia y la amistad del que las infancias deben gozar en el ámbito escolar al momento de compartir con sus pares”, agrega el texto, que ya se encuentra en mesa de entradas del Senado bonaerense.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Argentina adhiere con jerarquía constitucional, existe un compromiso de “adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que las infancias se vean protegidas, garantizando su derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades”.

Finalmente, el proyecto de Santalla, sostiene que “la normativa es de relevancia a los fines de contribuir en el desarrollo de políticas públicas que velen por el interés superior de las infancias en su más amplia dimensión”.